La zona limítrofe del Perú y Bolivia ha estado marcada por una constante interacción, económica y política. Concebidas como una continuidad geográfica, las regiones del Perú y el Alto Perú (Bolivia) representaron, durante los siglos XVI y XVII, el centro del accionar colonial español.
Durante el siglo XVIII, y a raíz de la aplicación de las reformas borbónicas, el Alto Perú formó parte del nuevo Virreinato del Río de la Plata (1776). Sin embargo, los sucesos vinculados a las campañas de independencia mostraron la ambigua situación de las provincias del Alto Perú, pues producida la proclamación de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1810, el Alto Perú fue administrado y mantenido bajo el dominio español a través de una fuerza militar enviada por el virrey Abascal desde el Perú.
La situación política del Alto Perú se mantuvo inalterable hasta inicios de 1825, año en el que el general Antonio José de Sucre ocupó militarmente el territorio. Posteriormente, en el mes de agosto, Bolivia surgió como Estado independiente.
Los tratados de delimitación territorial
En 1863 se firmó el Tratado Ribeyro-Benavente, en el que se acordó estudiar la carta topográfica fronteriza y reconocer como límites aquellos existentes en ese momento, hasta que los dos países presentaran sus títulos jurídicos. En los años siguientes se establecieron comisiones demarcadoras con el fin de establecer la línea fronteriza, pero no se llegó a ningún acuerdo definitivo.
En consecuencia, en abril de 1886 se firmó un tratado preliminar en La Paz. Inmediatamente después de la firma de ese tratado, se produjo una serie de incidentes en la zona del Acre, a lo que se sumó el establecimiento de una oficina aduanera boliviana en la confluencia del Manu con Madre de Dios. Poco después, Bolivia dictó una ley que ordenaba la creación de aduanas sobre el Aquirí y el Madre de Dios y la organización política aduanera en la región del Aquirí y el Purus. Ante la demanda de revocación de las medidas, el ministro boliviano Claudio Pinillo alegó su legitimidad a partir de los títulos coloniales de Bolivia en esa región y de las colonizaciones bolivianas realizadas con la protesta del Perú.
El establecimiento de la frontera definitiva
Con el objetivo de definir los límites territoriales de ambos países, el 23 de setiembre y el 30 de diciembre de 1902 el ministro peruano Felipe de Osma y el canciller boliviano Eleodoro Villazón firmaron los tratados de demarcación y arbitraje. La frontera se dividió en dos zonas: una fluvial y otra terrestre. La frontera terrestre era la que presentaba menos inconvenientes, pues los límites eran conocidos tradicionalmente.
Los territorios de la región fluvial, de resolución más complicada, se sometieron al arbitraje del gobierno argentino, quien debía resolver a qué país pertenecían los territorios, de conformidad con las disposiciones y títulos vigentes en 1810. El 9 de julio de 1909, el presidente argentino José Figueroa expidió el laudo arbitral en el que consideró que los títulos coloniales presentados por ambos países no eran suficientemente claros, por lo que resolvió fijar la línea de frontera con un criterio de equidad.
La Cancillería boliviana presentó observaciones al laudo argumentando que no se había resuelto la cuestión conforme a los principios de derecho, sino conforme a la equidad. Como respuesta, la República Argentina decidió romper sus relaciones con Bolivia. El Perú, dispuesto a cumplir el laudo que ponía fin a las disputas territoriales con Bolivia, firmó el Tratado Polo-Bustamante, donde se estipularon algunos canjes en los territorios adjudicados por el laudo argentino y se acordaba la línea fronteriza definitiva.
Después del Tratado Polo-Bustamante quedaba pendiente la demarcación de la zona poblada que se había convenido definir por el tratado de setiembre de 1902. A partir de 1925, una comisión especial llevó a cabo la demarcación final. Si bien eran límites tradicionales, se encontró un punto difícil en la península de Copacabana, que está unida al lado peruano del lago Titicaca, pero en cuyo interior se encontraban confundidas tierras pertenecientes a comunidades peruanas y bolivianas. Finalmente, esta dificultad fue solucionada y la frontera peruano-boliviana quedó delimitada.
Políticas de integración
El embajador Jorge Morelli Pando afirma que, tratándose de la problemática de fronteras (la ocupación efectiva de territorios contiguos y su vigilancia) surge ante todo la idea de la seguridad sin perjuicio del concepto de defensa, por ello lo razonable es considerar a los espacios limítrofes como escenarios de desarrollo binacional o multinacional.
En ese sentido, Perú y Bolivia han suscrito una serie de tratados para adoptar políticas comunes que les permitan integrarse y alcanzar el ansiado desarrollo.
Una muestra de ello es el Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la conformación del mercado común entre la República de Bolivia y la República del Perú, que ambas naciones suscribieron en agosto del 2004.
El mencionado tratado tiene entre sus objetivos:
- Profundizar la integración binacional.
- Favorecer el desarrollo integral y sostenible de ambos países, con énfasis en los aspectos económico, social, político, cultural y ambiental.
- Incrementar los flujos comerciales, turísticos y de inversión bilaterales.
- Promover el desarrollo social conjunto, así como la lucha contra la pobreza y la exclusión social, especialmente en las poblaciones de zonas fronterizas.
- Propiciar las condiciones necesarias para avanzar gradualmente hacia la conformación de un Mercado Común.
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