Inicio del conflicto
La situación conflictiva en el sur se originó cuando Chile reclamó a Bolivia territorios ubicados al norte del paralelo 25, considerado la frontera entre ambos países. Detrás de los reclamos territoriales se hallaban razones económicas, pues Chile pretendía las zonas salitreras ubicadas en la provincia boliviana de Atacama. En 1874, chilenos y bolivianos firmaron un tratado que fijó como límite definitivo el paralelo 24. Además, Bolivia se comprometía a no aumentar los impuestos existentes sobre el capital y las industrias chilenas que operaban en su territorio.
Mientras tanto, los problemas fronterizos entre Bolivia y Chile continuaban. La situación se volvió crítica cuando Chile invadió el litoral boliviano a inicios de 1879. El gobierno peruano, cumpliendo lo estipulado en la alianza defensiva, realizó las mediaciones pertinentes para resolver el conflicto. Chile rechazó las propuestas efectuadas por los plenipotenciarios peruanos y el 5 de abril, en medio de violentas manifestaciones contra el Perú y su sede diplomática en Santiago, le declaró la guerra al Perú y a Bolivia.
Primeras negociaciones
Entre 1879 y 1883, las tropas chilenas lograron vencer a los ejércitos peruanos y ocuparon gran parte del territorio nacional. En 1881 tomaron la capital e intentaron firmar la paz con el gobierno provisional de Francisco García Calderón. El presidente, interpretando la opinión de la población, rechazó todo proyecto que tuviera por base la cesión de territorios, motivo por el que fue depuesto por los invasores y enviado en calidad de prisionero a Chile.
Consumada la derrota, Miguel Iglesias proclamó la necesidad de firmar la paz. El 20 de octubre de 1883, el plenipotenciario peruano José Antonio de Lavalle y su homólogo chileno Mariano Castro Zaldívar firmaron en Ancón el tratado de paz que ponía fin al conflicto. En él se estipulaba la cesión definitiva del departamento de Tarapacá, desde el río Loa hasta la quebrada y río Camarones, así como la posesión, por un término de diez años, de las provincias de Tacna y Arica por parte de Chile. Pasados los diez años se realizaría un plebiscito para decidir con quién se quedaban dichas provincias.
Un protocolo específico determinaría las condiciones del plebiscito: quiénes serían los votantes, la forma del voto, la constitución de autoridades plebiscitarias. Por último, el tratado convenía que el país que resultase vencedor debía pagar al otro diez millones de pesos.
En 1892, dos años antes de cumplirse la fecha para la realización del plebiscito, el ministro peruano Larrabure propuso a Chile la celebración del protocolo que determinaria en que condiciones debía efectuarse el plebiscito o la devolución de Tacna y Arica a cambio de ventajas comerciales para Chile o el pago del rescate de diez millones de pesos. Sin embargo, el gobierno chileno evadió las diferentes propuestas.
La chilenización de Tacna y Arica
Hacia finales del siglo XIX era claro que Chile, a través de una interpretación sui géneris del Tratado de 1883, de ofrecimiento de una indemnización de 20 millones de soles, o de la compra de votación de la población boli viana residente en Tacna y Arica, intentaba apropiarse de los territorios mencionados. Franklin Pease ha señalado que el gobierno chileno desarrolló una política dirigida a hacer fracasar los acuerdos, difiriendo la consulta popular y desarrollando una activa política de "chilenización" de los territorios ocupados. Esta política se inició en 1900, cuando se clausuraron las escuelas peruanas, se aumentó el número de soldados chilenos en la guarnición militar de Tacna y se organizó la migración de ciudadanos chilenos a los territorios ocupados. Además los ciudadanos peruanos que habitaban en estos territorios sufrieron maltratos, atropellos e injurias por defender su nacionalidad.
La intervención norteamericana
Hacia 1919, la activa participación del presidente norteamericano Woodrow Wilson como mediador hizo pensar que era posible la definición de la frontera territorial entre el Perú y Chile. Sin embargo, las negociaciones entre ambos países sufrieron un estancamiento, manifestado en el enfriamiento de las conversaciones diplomáticas el acoso a la población civil de las ciudades cautivas.
Nuevamente con la intervención de Washington, en julio de 1922 se firmó el Protocolo de Arbitraje, donde quedó estipulado que el único tema de resolución era el de los plebiscitos de Tacna y Arica. Entre 1922 y 1929 se discutió sobre la mejor manera de realizar la consulta popular en ambas provincias. Hacia 1925, a través del fallo del presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, se avala la realización del plebiscito en un contexto desfavorable para los intereses peruanos: Tacna y Arica continuaría bajo control chileno aun durante la ejecución de la consultas populares; además, podría ejercer su derecho a voto todo residente de dichas provincias que tuviera al menos dos años de residencia.
En junio de 1929, luego de arduas sesiones de trabajo, los representantes del Perú y Chile, Pedro José Rada y Gamio y Emiliano Figueroa Larraín, llegaron a un acuerdo. Perú recuperaba la provincia de Tacna,mientras que Chile lograba la posesi[on definitiva de Arica. Además, se decretó una serie de especificaciones en cuanto a la naturaleza de las actividades portuarias y de tráfico entre Tacna y Arica,así como indenmizaciones monetarias favorables al Perú.
Acuerdos con Chile
Setenta años después de la firma del tratado de junio de 1929, quedaban aún puntos por cumplir en el caso con Chile. Por tal motivo, en noviembre de 1999 los gobiernos del Perú y Chile, representados por Fernando de Trazegnies y Juan Gabriel Valdés, sus respectivos cancilleres, firmaron la llamada Acta de Ejecución del Tratado de 1929. De esta manera se sellaron los problemas limítrofes que subsistían desde aquella época.
Ya en 1993, el gobierno de Alberto Fujimori estuvo a punto de ratificar las llamadas Convenciones de Lima, negociadas con Chile e incluso aprobadas por el Parlamento de ese país. Pero una fuerte oposición interna se lo impidió. En noviembre de 1999, las negociaciones parecían ir por mejor camino. Las Fuerzas Armadas, al igual que los ex cancilleres y embajadores en retiro, la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso habían dado su respaldo. Sólo faltaban las organizaciones de Tacna, que habían convocado a un paro departamental para el 11 de noviembre. Ellos solicitaban a la Cancillería dos cosas para tomar una decisión: documentos y la presencia del canciller De Trazegnies.
Finalmente las negociaciones se resolvieron. Entre los puntos más saltantes, Chile se comprometió en entregar a Perú un muelle, la estación del ferrocarril y la agencia aduanera. Además, se reconocía el derecho del Perú al absoluto libre tránsito de personas, mercaderías y armamento desde la línea de la Concordia hasta el malecón de atraque, incluyendo todo el recinto portuario al servicio del país. Asimismo, la aduana de Chile sólo sería informada del contenido y características de la carga.
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